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Un país petrolero: Análisis general del escenario energético.

Por: Paulina Ocampo Caballero

 

Durante décadas los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas han alimentado la mayor parte de nuestro desarrollo económico, desde cómo nos movemos, la forma en que producimos nuestros alimentos, generamos la energía y manufacturamos los bienes.

Inicialmente, la producción de energía en México no deja de tener los ojos puestos en la extracción y explotación de petróleo. Para satisfacer la demanda nacional energética el 88% de la producción de energía dimana de los hidrocarburos, donde el 64% corresponde al petróleo. Este modelo energético sobre el que avanza nuestro país es, a mi parecer, completamente miope. Depender en su totalidad de la disponibilidad de un recurso, que en principio no puede ser regenerado naturalmente a una escala tal que pueda sostener su tasa actual de consumo, nos hace completamente vulnerables. 

La dinámica energética de nuestro estado responde a una sinergia nacional. El estado de Jalisco genera sólo el 4.7% de la energía que consume, de la cual más de la mitad proviene de la quema de hidrocarburos. Adicionalmente, el sector energético emite el 66% de los gases de efecto invernadero en el estado de Jalisco[1], de las cuales el 43% refiere a transporte. 

Es fundamental no olvidar las implicaciones del desarrollo urbano en el consumo de energía para satisfacer los servicios públicos y de transporte. Nuestras ciudades dispersas y motorizadas demandan cada vez más de este combustible, y a la vez, el transporte público sigue sin responder a las necesidades de desplazamiento de la población. En el Área Metropolitana de Guadalajara el consumo de gasolina al día es de más de 10 millones 600 mil litros, y representa el 11% del combustible total que requiere el país. El consumo promedio de gasolina de un tapatío duplica la media nacional con 2.4 litros por individuo, mientras en el país el promedio es 1.2 litros de gasolina al día.[2]

A pesar de que México se ha comprometido, a través de convenios internacionales, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global, las políticas energéticas del país no parecen acercarse a dicho compromiso. En el 2013 fue aprobada la iniciativa de reforma constitucional del actual presidente Enrique Peña Nieto, abriendo así el sector energético a la iniciativa privada. Con esta reforma México comenzará a transitar hacia un mercado abierto, y el precio del diésel y de la gasolina depende ahora del movimiento internacional. Si bien es cierto que buscando satisfacer la demanda, aumentará la producción petrolera con la agresiva estrategia de extracción de hidrocarburos que la reforma energética plantea, también seguirá alimentando este círculo de dependencia.

De acuerdo a un análisis emitido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental,

“Actualmente el diseño, construcción y operación de megaproyectos energéticos en México ya presentan fallas importantes que causan violaciones de derechos humanos, conflictos socio ambientales, un consumo no sostenible de los recursos naturales y ataques a los defensores ambientales. Lo anterior revela que la reforma energética no incorpora de manera transversal ciertos aspectos fundamentales, tales como los derechos humanos, el cambio climático, las energías renovables, la incorporación del costo generado por las externalidades ambientales y el cuidado adecuado del medio ambiente en los procesos productivos de las actividades energéticas.”[3]

Aunado a esto, a pesar de que las empresas mexicanas han desarrollado negocios de energía renovable a pequeña escala principalmente relacionado a la manufactura y comercialización, los principales proyectos para el aprovechamiento de energía renovable en el país están a cargo de compañías trasnacionales, beneficiando únicamente la inversión internacional.[4]

Desentrañar estos dilemas requerirá una comprensión profunda de las señales de la política que lo conduce y un compromiso inquebrantable al cambio. La energía desempeña un rol indispensable, por ser un insumo imprescindible para el aparato productivo y destino de una considerable magnitud de inversiones, además este sector se caracteriza por su estrecha vinculación con el ambiente, desde los recursos hasta los impactos derivados de la producción, el transporte y el consumo. Por esto, el diseño de las políticas de desarrollo, nacionales y locales, deberán facilitar la transición energética con metas de reducción de GEI, sentando las bases para una economía baja en carbono. Este escenario energético lleno de susceptibilidades no es precisamente desalentador. Más que buscar tener todas las respuestas, es importante fortalecer los compromisos y alinear las políticas para sumar esfuerzos, no en una, sino en varias lógicas de una verdadera transformación en el sector energético de nuestro país.

 

 

 

[1] Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET (2017) Programa Estatal para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco.

[2] Colectivo Ecologista Jalisco, CEJ (2013) Costos ambientales y económicos de los autos en el Área Metropolitana de Guadalajara. Latin American Capital.

[3] Centro Mexicano de Derecho Ambiental (s.f.) Posibles impactos ambientales y sociales de la reforma energética.

[4] Ganz, A. (1 de abril 2014) Energía limpia: más allá de PEMEX. Consultado el 15 de mayo del 2017. Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=20064

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